La orden de 5 a 4 de la Corte Suprema del miércoles por la noche que permite que la SB8 de Texas permanezca en vigor esencialmente ha prohibido el acceso a la atención del aborto en el segundo estado más grande del país. Se trata de una ley excepcionalmente cruel, que viola flagrantemente la Constitución y un precedente federal de larga data. Perjudicará a las mujeres, las personas LGBTQ y las familias en todo Texas, y en particular a las personas pobres y de color que no pueden viajar fuera del estado. La atención sanitaria reproductiva segura y accesible –incluidos los servicios de aborto– es una cuestión de justicia racial, económica y de género y todos debemos participar en la lucha para derogar o revertir esta prohibición y detener la erosión del derecho humano a la elección reproductiva, protegido constitucionalmente.