El 7 de agosto de 2025, un grupo diverso de educadores, grupos de defensa y bufetes de abogados presentó una demanda federal Impugnando una nueva ley antiequidad, antiinclusión y antidiversidad en New Hampshire. La ley entró en vigor el 1 de julio de 2025, tras ser promulgada por el gobernador Ayotte a finales de junio. 

La ley, contenida dentro de las disposiciones presupuestarias del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 2, busca prohibir los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) relacionados con la raza, el género, la orientación sexual, la identidad de género y la discapacidad en las escuelas de New Hampshire (incluidas las escuelas públicas K-12, así como los colegios y universidades públicas y privadas) y entidades públicas como los departamentos de policía y las bibliotecas. 

Según la demanda, esta ley contradice radicalmente las leyes federales de derechos civiles que protegen los derechos de los estudiantes con discapacidades, viola los derechos de la Primera Enmienda de educadores y estudiantes, y es vaga y ambigua bajo las Constituciones de los Estados Unidos y de New Hampshire.

La demanda fue presentada por el sindicato de educadores más grande del estado, la Asociación Nacional de Educación de New Hampshire (NEA-NH), cuatro distritos escolares (el Distrito Escolar Cooperativo de Oyster River, el Distrito Escolar de Dover, el Distrito Escolar de Somersworth y el Distrito Escolar de Grantham), el capacitador y consultor de diversidad, equidad e inclusión James M. McKim, Jr., la administradora de diversidad, equidad e inclusión y profesora de psicología Dottie Morris, y New Hampshire Outright, una organización sin fines de lucro que brinda capacitación en escuelas públicas y entidades sobre la creación de entornos de inclusión y pertenencia para estudiantes LGBTQ+.

El 2 de octubre de 2025, un tribunal federal suspendió temporalmente la aplicación de la ley mientras el caso continúa. Aprende más.

Los demandantes están representados por abogados de una amplia coalición de organizaciones y bufetes de abogados, incluida la ACLU de New Hampshire, el Proyecto de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Programa de Justicia Racial de la ACLU nacional, la Asociación Nacional de Educación de New Hampshire (NEA-NH), GLBTQ Legal Advocates and Defenders (GLAD Law) y Drummond Woodsum & MacMahon.